Código de Aguas

El Código de Aguas es la ley marco que regula la propiedad y uso del agua en Chile. Su texto original es el Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122 del Ministerio de Justicia, publicado en 1981 durante la dictadura militar. Ese texto introdujo el modelo de derechos de aprovechamiento transables, que separó la propiedad del agua del dominio del terreno y permitió un mercado de derechos.

Durante cuatro décadas el modelo recibió críticas crecientes: acumulación especulativa de derechos sin uso, dificultad para priorizar el consumo humano en sequías, y una creciente sobreexplotación de acuíferos en el centro y norte. La respuesta legislativa fue la Ley N° 21.435, publicada en abril de 2022, que reformó profundamente el Código manteniendo el modelo de derechos pero introduciendo límites importantes.

Los cambios principales de la reforma son cuatro. Primero, los nuevos derechos se otorgan por un plazo de hasta 30 años renovables —ya no a perpetuidad—. Segundo, se establece la prioridad legal del consumo humano y saneamiento por sobre otros usos. Tercero, se introduce una patente por no uso escalonada en el tiempo, para desincentivar la acumulación especulativa. Cuarto, se fortalecen las facultades de la DGA para declarar zonas de prohibición y restricción, y para caducar derechos en casos extremos.

Para quien planea perforar un pozo, las implicancias prácticas son claras: la regularización temprana del derecho, el cumplimiento del monitoreo (Resolución DGA 1238) y la demostración de uso efectivo son hoy más importantes que antes. Cruzat Ingeniería asesora este recorrido desde la prueba de bombeo inicial hasta la inscripción del derecho en el Conservador de Bienes Raíces.

La reforma también endureció las consecuencias del no uso. Un derecho consuntivo puede extinguirse si su titular no construye las obras de captación dentro de un plazo de cinco años —diez años para los no consuntivos— contado desde que el derecho ingresa a la nómina anual de patentes por no utilización, cuyo cobro se aplica desde enero de 2023. La patente por no uso, a su vez, se duplica cada cinco años de forma indefinida, con exenciones acotadas: comités y cooperativas de agua potable rural, comunidades agrícolas e indígenas, y derechos para fines no extractivos. Para el dueño de un pozo, esto convierte la regularización oportuna del derecho y la demostración de uso efectivo —con obras construidas y monitoreo cuando corresponde— en una prioridad concreta, no en un trámite postergable.