Cómo regularizar un pozo y los derechos de agua en Chile (guía 2026)

Regularizar un pozo se volvió una tarea con fecha límite: el plazo para presentar la solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas vence el 6 de abril de 2027. Pero antes de correr hay que entender qué significa exactamente “regularizar”, porque bajo esa palabra conviven tres trámites distintos que la mayoría de la gente confunde. Esta guía separa cada camino, explica el procedimiento ante la Dirección General de Aguas (DGA) paso a paso, los documentos técnicos que exige un pozo, la cadena de inscripción, los costos reales y por qué el monitoreo de extracciones (CEE) es parte de tener el pozo en regla —no un extra posterior—, todo con fuentes oficiales. Es contenido informativo, no asesoría legal: úsalo para entender el mapa general y confirma tu caso concreto con la DGA o un especialista.

Qué significa “regularizar” un pozo y los tres trámites que la gente confunde

“Regularizar un pozo” no es un solo trámite, sino tres procedimientos distintos que suelen mezclarse y que conviene separar antes de partir. El primero es constituir un derecho de aprovechamiento de aguasDerechos de aguasLos derechos de aguas (formalmente derechos de aprovechamiento de aguas o DAA) son el título legal otorgado por la DGA que faculta a su titular a usar una cantidad determinada de agua subterránea o superficial. Se distinguen derechos consuntivos (riego, agua potable, industria, minería) y no consuntivos (hidroeléctricos). Para operar un pozo profundo se requiere un derecho consuntivo de aguas subterráneas, asociado a un punto de captación específico y a un caudal máximo en litros por segundo.Ver definición completa → (DAA) subterráneas nuevo ante la Dirección General de Aguas (DGA): pedirle al Estado que te reconozca el derecho a extraer un caudal de un acuíferoAcuíferoFormación geológica subterránea capaz de almacenar y transmitir agua en cantidades aprovechables. Se compone de un material poroso o fracturado (arenas, gravas, rocas fisuradas) y un nivel freático que define el límite superior del agua disponible. Es el recurso que un pozo profundo capta.Ver definición completa →. El segundo es regularizar un uso consuetudinario, es decir, formalizar un uso de agua de hecho que existe desde hace años sin título, por la vía del artículo 2° transitorio del Código de AguasCódigo de AguasCuerpo legal que regula la propiedad y uso del agua en Chile (DFL N° 1.122 de 1981, reformado por Ley N° 21.435 de 2022). Establece la DGA como autoridad nacional, define los derechos de aprovechamiento, faculta restricciones y prohibiciones por sobreexplotación, y desde la reforma del 2022 limita la duración de los nuevos derechos a 30 años renovables, además de priorizar el consumo humano.Ver definición completa →. El tercero es inscribir y registrar un derecho que ya tienes reconocido: llevarlo al Conservador de Bienes Raíces y luego al Catastro Público de Aguas.

La confusión es cara porque cada camino tiene requisitos, plazos y costos diferentes. Perforar el pozo es una cosa; tener el papel que te habilita a usar el agua es otra completamente distinta. Un pozo físicamente perfecto puede estar en infracción si no cuenta con el derecho constituido o regularizado, y un derecho constituido puede no valer frente a terceros si no está inscrito en el registro que corresponde.

Esta guía es orientación general. La normativa de aguas cambió fuerte en los últimos años y cada caso depende de la comuna, el acuífero, la fecha de uso y la situación registral del predio. En zonas grises —uso doméstico versus productivo, pozos antiguos sin documentos, sectores con restricción DGA— la respuesta correcta depende de detalles que solo se ven expediente en mano.

El derecho de aprovechamiento de aguas: cómo se constituye uno nuevo ante la DGA

Para captar aguas subterráneas con un pozo de uso productivo normalmente necesitas un derecho de aprovechamiento de aguas (DAA) constituido por la DGA. La solicitud se presenta al Director General de Aguas y puede ingresarse durante todo el año por tres vías, según la ficha oficial de ChileAtiende (ficha 7106): en línea con ClaveÚnica, en la oficina de partes de la DGA de la provincia donde está el punto de captación, o ante la Delegación Presidencial Provincial cuando en esa provincia no hay oficina DGA.

El derecho de aprovechamiento tiene distintas clasificaciones que definen cómo puedes usar el agua y qué tan seguro es tu acceso a ella — consuntivo o no consuntivo, permanente o eventual, continuo o discontinuo—. Estas categorías determinan, por ejemplo, si debes restituir el agua después de usarla o si tu derecho se ejerce solo cuando hay excedentes. La categoría correcta para tu pozo depende del uso (riego, agua potable rural, minería, industria) y de la disponibilidad del acuífero, y es una de las decisiones técnicas donde conviene apoyarse en un especialista antes de ingresar la solicitud.

Una vez ingresada y declarada admisible, la solicitud entra a un procedimiento reglado de publicaciones, plazos de oposición e inspección que se detalla más abajo. Este camino —constituir un derecho nuevo— es distinto de regularizar un uso antiguo: aquí no estás acreditando años de uso previo, sino pidiendo un derecho sobre un caudal que la DGA debe verificar que exista y esté disponible en ese sector hidrogeológico.

Regularizar un uso consuetudinario: el artículo 2° transitorio del Código de Aguas

Si has usado el agua de un pozo durante años sin un derecho formalmente constituido, el camino no es constituir un derecho nuevo sino regularizar ese uso por la vía del artículo 2° transitorio del Código de Aguas. Este procedimiento permite reconocer usos de agua sin título cuando el usuario y sus antecesores acreditan cinco años de uso ininterrumpido, ejercido libre de clandestinidad y violencia y sin reconocer dominio ajeno, según el texto del Código de Aguas (DFL 1122/1981). La ficha 1198 de ChileAtiende precisa además que esos cinco años deben contarse desde antes del 29 de octubre de 1976, fecha de vigencia del régimen que dio origen al Código de 1981.

Un cambio de fondo lo introdujo la reforma: los procedimientos de regularización de los artículos 2° y 5° transitorio hoy son tramitados y resueltos exclusivamente por la DGA, sin intervención de tribunales ni del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Antes pasaban por la justicia; ahora es un trámite administrativo íntegramente ante la DGA. Por lo mismo, la regularización no está disponible en la Oficina Virtual de la DGA por disposición de la Ley 21.435: se presenta en las Direcciones Regionales o Provinciales de la DGA, o en las Delegaciones Presidenciales Provinciales, según dónde esté el punto de captación.

La distinción entre “constituir” y “regularizar” no es un tecnicismo: define qué debes probar. Para constituir un derecho nuevo demuestras disponibilidad del acuífero; para regularizar demuestras uso histórico. Si no tienes claro cuál te aplica —o si tu pozo es antiguo y sin papeles— es exactamente el tipo de zona gris donde conviene revisar los antecedentes con un especialista antes de elegir el camino, porque equivocarse de trámite significa perder meses.

Cuándo un pozo NO necesita derecho: el uso doméstico del Art. 56

No todo pozo obliga a tramitar un derecho de aprovechamiento. El Código de Aguas, en su artículo 56 inciso primero, permite que cualquiera cave en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos de subsistencia, aunque con ello se menoscabe el agua de otro pozo. Es la excepción histórica —muy usada en el mundo rural y en parcelas— a la regla general de que extraer agua subterránea requiere un derecho constituido u obtenido ante la DGA.

Esa franquicia tiene límites precisos desde la reforma de la Ley 21.435 (publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2022). La ley agregó la expresión “de subsistencia” al artículo 56 y estableció que quien explota estos pozos solo puede extraer un volumen igual o inferior al que la DGA determine para cada cuenca, y siempre destinado íntegra y exclusivamente a usos domésticos de subsistencia. Ese tope por cuenca lo fija la propia DGA mediante la Resolución Exenta N° 1.655 de 2022, modificada por la Resolución N° 1.373 publicada el 15 de julio de 2023.

Qué es (y qué no es) “uso doméstico de subsistencia”

La definición está en el artículo 5 bis del Código de Aguas, incorporado por la Ley 21.435: es el aprovechamiento que una persona o familia hace del agua que ella misma extrae para bebida, aseo personal, la bebida de sus animales y el cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su subsistencia. La misma norma consagra una prioridad legal: siempre prevalece el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento por sobre los usos productivos, tanto al otorgar como al limitar el ejercicio de los derechos.

Lo que queda fueradel artículo 56 es igual de importante: no cubre riego de cultivos comerciales, plantaciones de venta, procesos industriales, embotellado, ni abastecer de agua a terceros. Ese salto —de “para vivir” a “para producir o vender”— es lo que gatilla la obligación de tener un derecho de aprovechamiento. Un detalle práctico del inciso primero: si tu pozo menoscaba el agua de un pozo vecino y no reporta una utilidad comparable al perjuicio ajeno, la ley te obliga a cegarlo.

Árbol de decisión: doméstico vs. productivo

Este esquema es informativo y no reemplaza asesoría legal:

1. ¿El agua es solo para tu hogar, tus animales y una huerta de subsistencia, en tu propio terreno? Cae en el artículo 56: no necesitas solicitar un derecho, pero debes respetar el tope de volumen por cuenca que fija la DGA.
2. ¿Vas a regar cultivos para vender, o darle uso industrial, inmobiliario, o abastecer otras casas o parcelas? Es uso productivo: necesitas un derecho de aprovechamiento (o regularizar uno existente) ante la DGA.
3. ¿Eres un comité o cooperativa de Agua Potable Rural (APR) / Servicio Sanitario Rural? El artículo 56 los habilita a extraer aguas subterráneas para consumo humano —incluso en terreno de la organización, de sus integrantes o del Estado con autorización— pero con la obligación de informar a la DGA la existencia y ubicación de las obras. Su marco general es la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales.
4. ¿Dudas si tu parcela de agrado con “huerta grande” sigue siendo subsistencia? Es zona gris: si el consumo excede lo doméstico o tiene fin económico, conviene regularizar. Ante la duda, consúltalo con la DGA o con un especialista.

Nota de vigencia: el Código de Aguas fue reformado por la Ley 21.435 (2022) y posteriormente por la Ley 21.740 (2025), que reforzó la fiscalización y las facultades de cegamiento de pozos ilegales.

Qué cambió con la reforma: Ley 21.435 y la prórroga hasta el 6 de abril de 2027

La Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas, fue publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2022. Entre muchos cambios, fijó una regla clave para quien tiene un pozo sin regularizar: los procedimientos de regularización de los artículos 2° y 5° transitorio solo pueden iniciarse dentro de los cinco años siguientes a esa publicación, lo que en principio dejaba como fecha límite el 6 de abril de 2027 para presentar la solicitud.

La fecha vigente hoy la confirma una segunda ley. La Ley 21.727, publicada el 18 de febrero de 2025, prorrogó el plazo de la Ley 21.435 para la inscripción y el registro de los derechos de aprovechamiento, trasladando el vencimiento desde el 6 de abril de 2025 hasta el 6 de abril de 2027. Esta prórroga respondió a dificultades operativas conocidas —Conservadores de Bienes Raíces no digitalizados, falta de asesoría para los usuarios— que hacían inviable cumplir con el plazo original.

El mensaje práctico es doble. Primero: la fecha que importa hoy es el 6 de abril de 2027, y cualquier página o asesor que siga citando 2025 como plazo está desactualizado. Segundo: como esta materia se ha movido dos veces por ley en tres años, es contenido que envejece rápido; antes de tomar una decisión con calendario ajustado, verifica el estado normativo vigente con la DGA o un especialista, porque una prórroga adicional podría cambiar el escenario (ver la sección sobre el proyecto de ley en tramitación).

Concesión temporal de 30 años y prioridad del consumo humano: cómo cambió pedir un derecho nuevo

Si vas a solicitar un derecho de aprovechamiento nuevo, la reforma de la Ley 21.435 cambió la regla de fondo: se acabaron los derechos perpetuos. Según el artículo 6 del Código de Aguas modificado, los derechos que se originan en una concesión son temporales, con una duración de 30 años, prorrogables automática y sucesivamente por el solo ministerio de la ley, salvo que la DGA acredite mediante resolución fundada el no uso efectivo del recurso o una afectación a la sustentabilidad de la fuente.

Esa temporalidad no significa incertidumbre para quien usa bien su pozo: la prórroga es automática. El derecho solo se pone en riesgo si el agua no se aprovecha o si la fuente está comprometida. En la práctica, la reforma premia el uso efectivo y castiga el derecho que queda durmiendo.

La reforma también consagró una jerarquía de usos: siempre prevalece el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia por sobre los usos productivos, tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio de los derechos. Para un proyecto agrícola o industrial esto importa: la autoridad puede priorizar la bebida y la subsistencia de una comunidad por sobre un uso productivo cuando la disponibilidad de la cuenca es estrecha.

Además, los derechos nuevos quedan sujetos a extinción si no se construyen las obrasque permiten su captación dentro de plazo: 5 años para derechos consuntivos y 10 años para no consuntivos. Dicho de otro modo, obtener el derecho en papel no basta: hay que materializar el pozo y sus obras dentro del plazo o el derecho se pierde. Por eso conviene planificar la construcción y habilitación del pozo desde el momento en que se solicita el derecho, y no dejar la obra para “más adelante”.

Paso a paso del procedimiento ante la DGA: admisibilidad, publicaciones, oposición e inspección

El procedimiento administrativo tiene etapas con plazos definidos, y conocerlas ayuda a entender por qué no es un trámite de semanas. Según el Código de Aguas y la ficha 1198 de ChileAtiende, primero la DGA realiza una revisión de admisibilidad en 30 días hábiles. Declarada admisible, la solicitud debe publicarse en el Diario Oficial—una vez, los días 1 o 15 de cada mes— y difundirse por radioemisoras locales con al menos 3 emisiones entre las 8:00 y las 20:00 horas, conforme al artículo 131 del Código de Aguas.

Hecha la publicación, corren dos plazos que no hay que confundir. Por un lado, el solicitante tiene 15 días siguientes a la última publicación para presentar o cargar en la plataforma los documentos que acreditan la publicación en el Diario Oficial y la difusión radial. Por otro, los terceros que se consideren afectados pueden oponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la última publicación. La oposición de un tercero abre una etapa contenciosa que puede alargar bastante el trámite.

El procedimiento contempla además una inspección en terreno al punto de captación. La descripción del procedimiento de la DGA (ficha ChileAtiende 7106) contempla inspecciones oculares como parte de la práctica administrativa; y el artículo 135 del Código de Aguas establece que los gastos de las presentaciones ante la DGA son de cargo del interesado y que, si la Dirección estima necesario practicar inspección ocular, el interesado deberá consignar la suma que ella demande. Es decir, la inspección la ordena la DGA cuando lo estima necesario, y su costo es de cargo del solicitante. Una vez cumplidas todas las etapas y sin oposiciones pendientes, la DGA resuelve.

Documentos técnicos que exige la DGA para un pozo: prueba de bombeo y perfil estratigráfico

Para captaciones tipo pozo, la solicitud no se resuelve solo con papeles legales: la DGA exige antecedentes técnicos que respalden que el caudal solicitado existe y que la obra está bien caracterizada. Según la ficha 7106 de ChileAtiende, entre esos antecedentes están el perfil estratigráfico de la perforación y una prueba de bombeoPrueba de bombeoEnsayo estandarizado que mide cómo responde un pozo y su acuífero a la extracción controlada de agua. Determina el caudal sustentable, los niveles estático y dinámico, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. El informe de una prueba de bombeo es exigencia habitual para tramitar derechos de aprovechamiento ante la DGA y para dimensionar correctamente la bomba definitiva.Ver definición completa → de gasto constante de mínimo 24 horas con estabilización de niveles, requisitos que se enmarcan en el Reglamento de aguas subterráneas (DS 203/2013).

Estos dos documentos son el corazón técnico del expediente. El perfil estratigráfico describe las capas de suelo y roca atravesadas por la perforación y ubica el acuífero. La prueba de bombeo —bombear el pozo a caudal constante durante al menos 24 horas y medir cómo responde el nivel del agua hasta estabilizarse— es la evidencia que permite a la DGA verificar el caudal que el pozo puede sostener sin agotar el acuífero. Sin una prueba de bombeo bien ejecutada e informada, la solicitud queda técnicamente coja y expuesta a observaciones.

Aquí es donde el trámite legal y la ingeniería se cruzan. La calidad del informe hidrogeológico y de la prueba de bombeo influye directamente en si la DGA aprueba el caudal solicitado o lo recorta. Es un trabajo de terreno especializado —no lo resuelve un abogado— y conviene que lo ejecute una empresa con experiencia en pozos profundos, porque una prueba mal hecha obliga a repetirla y a reingresar antecedentes, con la pérdida de tiempo que eso significa frente al plazo del 6 de abril de 2027.

La cadena registral de dos pasos: Conservador de Bienes Raíces y Catastro Público de Aguas

Tener el derecho reconocido por la DGA no basta: para que el derecho quede plenamente formalizado hay que inscribirlo y registrarlo en dos etapas sucesivas. Primero se inscribe en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, trámite que tiene un costo variable según cada Conservador. Luego, con esa inscripción, se registra en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA, trámite gratuito para el titular, tras lo cual se practica una anotación al margen de la inscripción del Conservador con el número de certificado del CPA.

El Catastro Público de Aguas es el registro que la DGA debe llevar y en el que consta toda la información relativa a los derechos de aprovechamiento, conforme al artículo 122 del Código de Aguas. Para inscribir ahí un derecho se requiere presentar copia de la inscripción del derecho en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador; según la ficha 1210 de ChileAtiende, este registro en el CPA no tiene costo para el titular. Es decir, de la cadena registral, la parte del Conservador se paga (monto variable) y la parte del CPA es gratuita.

Esta secuencia —CBR primero, CPA después, con la anotación al margen que cierra el círculo— es justamente lo que casi nadie explica completo, y es la parte que la Ley 21.435 volvió obligatoria dentro del plazo prorrogado por la Ley 21.727. Si tienes un derecho reconocido pero nunca lo inscribiste en el Conservador ni lo registraste en el CPA, ese es el trámite que debes completar antes del 6 de abril de 2027.

Cuánto cuesta regularizar: las dos capas de costo (lo oficial-gratuito y lo de mercado)

El costo de regularizar tiene dos capas que hay que separar para no llevarse sorpresas. La primera es la capa oficial: según la ficha 1198 de ChileAtiende, el trámite de regularización ante la DGA es gratuito en sí mismo, pero el interesado debe financiar las publicaciones de los extractos, la difusión radial y la visita de inspección en terreno. O sea, no hay un arancel estatal por presentar la solicitud, pero sí gastos asociados que corren por cuenta del solicitante.

Algunos de esos gastos oficiales sí tienen tarifa conocida. El Diario Oficial cobra por línea de texto: $2.014 por línea con IVA incluido (95 caracteres equivalen a una línea), según su página oficial de tarifas. Como se cobra por longitud, no hay un monto fijo por extracto: el sistema genera una cotización por cada extracto según cuántas líneas ocupe, y el trámite debe estar presentado y pagado al menos 5 días hábiles antes de la fecha de publicación (los días 1 o 15 de cada mes). A eso se suman los costos de la difusión radial y de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, que varían según cada Conservador.

La segunda capa es la de los honorarios profesionales y los estudios técnicos: la asesoría legal-administrativa ante la DGA y los antecedentes de ingeniería que exige el expediente, como la prueba de bombeo. Estos valores no son oficiales ni fijos: dependen de la región, la complejidad del pozo, su situación registral y de cuánta información técnica previa exista. Por eso un precio de referencia genérico induce a error más de lo que ayuda —cada pozo es un caso—; lo correcto es pedir una cotización ajustada a tu situación. En Cruzat preparamos el expediente técnico completo y entregamos un presupuesto según tu caso específico.

Regularizar el derecho vs. construir el pozo: son costos separados y aditivos

Un error frecuente es pensar que el costo de regularizar y el de construir el pozo son lo mismo. Son partidas separadas y aditivas: primero está la obra física de perforación y habilitación del pozo, y encima de eso va el paquete legal-técnico de la regularización del derecho. Uno no incluye al otro.

La construcción es una partida aparte, con su propia lógica de costos (profundidad, diámetro, geología, materiales). Para dimensionarla, revisa nuestra guía de costos de pozos profundos, que detalla los rangos por metro perforado según diámetro. Lo relevante aquí es que ese costo no incluye la regularización del derecho, ni viceversa.

Lo importante para presupuestar es tratarlas como dos inversiones distintas y sumarlas, no confundirlas: tener el pozo perforado no te da el derecho, y tener el derecho no te construye el pozo. Para el número concreto de tu proyecto —construcción y regularización— lo más útil es una cotización ajustada a tu caso.

Plazos: no confundas cuándo presentar la solicitud con cuánto dura el proceso

Hay dos plazos distintos que la mayoría de las páginas mezcla. El primero es el plazo para presentar la solicitud de regularización: vence el 6 de abril de 2027. Según la ficha 1198 de ChileAtiende, después de esa fecha la DGA no acepta nuevas solicitudes de regularización, salvo las de personas y comunidades indígenas (Ley 19.253). Este plazo lo fija el artículo 2° transitorio del Código de Aguas introducido por la Ley 21.435 y prorrogado por la Ley 21.727 (publicada el 18 de febrero de 2025).

El segundo plazo es la duración del proceso administrativo una vez ingresado, que es independiente del anterior. Sumando las etapas reguladas —admisibilidad en 30 días hábiles, publicaciones en el Diario Oficial los días 1 o 15, ventana de oposición de terceros de hasta 30 días hábiles tras la última publicación e inspección en terreno— el trámite toma varios meses en el mejor de los casos. Si aparece una oposición o si el sector tiene complejidades hidrogeológicas, se alarga más. La duración exacta depende del caso y de la carga de trabajo de la Dirección Regional que corresponda.

La consecuencia práctica es de calendario: aunque el plazo para presentar sea abril de 2027, la preparación de los antecedentes técnicos —prueba de bombeo de 24 horas, perfil estratigráfico, informe— toma tiempo antes de siquiera ingresar. Dejarlo para el último trimestre es arriesgado. Si tienes un pozo por regularizar, lo prudente es empezar a reunir antecedentes con holgura y confirmar tu situación con la DGA o un especialista.

¿Qué pasa después del 6 de abril de 2027? El proyecto de ley que podría extender el plazo

A julio de 2026, el plazo vigente para presentar la regularización sigue siendo el 6 de abril de 2027, y después de esa fecha la DGA no recibiría nuevas solicitudes (salvo personas y comunidades indígenas). Esa es la regla que hay que planificar hoy.

Dicho eso, existe un proyecto de ley en tramitación que propone extender nuevamente el plazo de la Ley 21.435. Según el Boletín 17.151-33 de la Cámara de Diputados —aprobado en Sala el 10 de junio de 2026 y despachado al Senado—, las versiones reportadas apuntan a trasladar la fecha límite a 2030 o 2032 (de cinco a diez años). Es un proyecto no promulgado: la fecha final depende del texto que finalmente se apruebe, y podría no aprobarse.

La lectura correcta es no jugarse a una prórroga que aún no existe. Planifica con el plazo vigente (6 de abril de 2027) y trata cualquier extensión como un eventual respiro, no como un hecho. Como esta materia se ha movido por ley dos veces desde 2022, es exactamente el tipo de dato que conviene verificar actualizado antes de decidir; si tu calendario es ajustado, consúltalo con un especialista o directamente con la DGA.

Cómo saber si tu pozo o tu derecho ya está inscrito

Antes de iniciar cualquier trámite conviene averiguar en qué situación estás, y para eso el registro clave es el Catastro Público de Aguas (CPA), el registro que la DGA debe llevar y en el que consta toda la información relativa a los derechos de aprovechamiento, conforme al artículo 122 del Código de Aguas. Si tu derecho fue en algún momento reconocido e inscrito, debería figurar en este catastro con su certificado.

Hay tres escenarios típicos. Uno: tienes un derecho constituido, inscrito en el Conservador y registrado en el CPA —estás en regla y solo debes conservar tus documentos—. Dos: tienes un derecho reconocido pero nunca completaste la inscripción en el Conservador ni el registro en el CPA —ese es el trámite registral de dos pasos que debes cerrar antes del 6 de abril de 2027—. Tres: usas agua de un pozo antiguo sin ningún título—ahí corresponde evaluar la regularización del artículo 2° transitorio, acreditando el uso histórico—.

Además del estado registral, hay un factor que decide si siquiera es viable pedir o regularizar un derecho en tu ubicación: la realidad hidrogeológica local. Hay sectores con restricción DGA, zonas de prohibición y sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común (SHAC)Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC)SHACUnidad administrativa definida por la DGA que agrupa un acuífero o conjunto de acuíferos hidráulicamente conectados, de modo que su explotación se gestiona de forma conjunta. Es la base territorial sobre la que se declaran restricciones o prohibiciones de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.Ver definición completa → con disponibilidad comprometida donde la constitución de nuevos derechos está limitada. Determinar en qué situación está tu comuna y tu acuífero es parte del diagnóstico previo, y es una zona gris donde el acompañamiento técnico marca la diferencia entre invertir en un trámite viable o en uno que la DGA rechazará.

Patente por no uso, fiscalización y sanciones: qué arriesgas si no regularizas

Tener un derecho de aprovechamiento y no usarlo tiene costo. El Código de Aguas cobra una patente por no uso al titular que no usa el agua, la usa parcialmente o no ha construido las obras que permiten captarla; para aguas subterráneas esas obras incluyen bombas de extracción, instalaciones mecánicas y eléctricas y tuberías. La lógica de la reforma es simple: desincentivar el acaparamiento de derechos que quedan durmiendo.

Cuánto es la patente y cómo escala

Para derechos consuntivos —el caso típico de un pozo de aguas subterráneas—, según el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas la patente parte en torno a 1,6 UTM por cada litro por segundo no utilizado durante los primeros cinco años (esa base es la de las regiones desde Arica hasta la Metropolitana y disminuye hacia el sur del país). Y escala en el tiempo: se multiplica por 2 entre los años 6 y 10, por 4 entre los años 11 y 15, y luego el factor se sigue duplicando en cada quinquenio, de forma indefinida. Es decir, mientras más tiempo pasa sin usar el derecho, más cara la patente.

El pago se hace ante la Tesorería General de la República, con vencimiento antes del 1 de junio. Si no se paga en plazo, la TGR remite la nómina a los tribunales para iniciar cobranza judicial, que puede terminar en el remate del derecho de aprovechamiento. No pagar no hace desaparecer el problema: lo transforma en un juicio que puede costarte el derecho.

Multas por extraer sin derecho o construir sin autorización

Extraer agua sin ser titular de un derecho, o construir obras sin autorización, es una infracción administrativa. El régimen de multas del artículo 173 ter del Código de Aguas se estructura en cinco grados que van de 10 a 2.000 UTM: primer grado 10 a 50 UTM, segundo 51 a 100, tercero 101 a 500, cuarto 501 a 1.000 y quinto 1.001 a 2.000 UTM. La DGA fija el grado caso a caso según el caudal afectado y la gravedad de la infracción; la extracción de aguas subterráneas sin ser titular de un derecho suele ubicarse en el cuarto grado (501 a 1.000 UTM), monto que los tribunales han confirmado en casos reales, con multas de 501 y 618 UTM ratificadas en 2025.

Además, ante obras construidas sin autorización o que entorpecen el libre escurrimiento de las aguas, el artículo 172 permite a la DGA imponer multas y fijar un plazo para modificar o destruir las obras; el incumplimiento habilita multas mayores y medidas coercitivas, incluida la destrucción de la obra.

Qué endureció la fiscalización

Conviene precisar el origen de las cifras: el alza del tope de multas —de 20 UTM a 2.000 UTM, con el sistema de cinco grados— la introdujo la Ley 21.064 (Diario Oficial 27 de enero de 2018), no la reforma posterior. La Ley 21.740 (Diario Oficial 23 de abril de 2025) reformó el procedimiento de fiscalización: creó un procedimiento sancionatorio simplificado, reforzó la paralización inmediata y el sellado de captaciones ilegales con auxilio de la fuerza pública, y estableció un 25% de descuento a quien paga la multa dentro de 9 días hábiles desde la notificación sin interponer reconsideración. También facultó a municipalidades y órganos del Estado para paralizar obras y cegar pozos ilegales.

A esto se suma la caducidad de los derechos no inscritos que introdujo la Ley 21.435: los derechos constituidos antes de la reforma que no estén inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces deben regularizarse o caducan. Antes de comprar un terreno, un derecho, o de perforar, verifica en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA y en la plataforma SNIA (con ClaveÚnica) si el derecho está inscrito y vigente.

Estar en regla incluye el Control de Extracciones Efectivas (CEE): no es un paso aparte

Un punto que suele malentenderse: tener un pozo en regla con la DGA no es solo tener el derecho de aprovechamiento; es también cumplir con el Control de Extracciones Efectivas (CEE). No son etapas sucesivas ni un trámite “posterior”: son las dos caras del mismo cumplimiento. Desde el momento en que eres titular de un derecho de aguas subterráneas cuya obra está en un sector hidrogeológico de aprovechamiento común (SHAC) declarado, la obligación de medir y transmitir ya forma parte de tu situación legal.

El CEE, cuyo marco es la Resolución DGA 1238 de 2019Resolución DGA N° 1238MEEResolución de la Dirección General de Aguas que regula la obligatoriedad del monitoreo de extracciones efectivas (MEE) en pozos con derechos sobre umbrales determinados. Exige instalar equipos certificados que midan caudal extraído y nivel del pozo, y que transmitan los datos a la DGA por vía telemática. Es la base regulatoria del servicio Mipozo.cl de Cruzat Ingeniería.Ver definición completa → y sus modificaciones, obliga a medir cuánta agua extraes, monitorear el nivel freático del pozo y transmitir esa información a la DGA. Y está directamente enlazado con lo que ya vimos: sin transmisión efectiva no acreditas el uso del derecho, y eso reactiva la patente por no uso e incluso puede poner el derecho en riesgo. Por eso el monitoreo no se planifica “para después”: se integra desde que regularizas.

Cruzat implementa el cumplimiento del CEE con Mipozo.cl, su plataforma de telemetría IoT que mide caudal y nivel freático de forma continua y transmite los datos a la DGA en el formato exigido. Puedes ver el detalle en el servicio de monitoreo de pozos o en la guía completa del Control de Extracciones Efectivas.

Cómo Cruzat Ingeniería te ayuda a regularizar tu pozo

Regularizar un pozo mezcla dos mundos —el legal-administrativo ante la DGA y el técnico de ingeniería de pozos— y ahí es donde Cruzat Ingeniería, con 78 años de experiencia en pozos profundos y aguas subterráneas en Chile, aporta la parte que un abogado por sí solo no puede cubrir. La solicitud ante la DGA exige respaldo técnico concreto —perfil estratigráfico y prueba de bombeo de gasto constante de mínimo 24 horas con estabilización de niveles— y esa evidencia se genera en terreno, con equipos y método.

Nuestro rol se concentra en el componente de ingeniería que sostiene el expediente: ejecutar e informar la prueba de bombeo que acredita el caudal, levantar los antecedentes técnicos del pozo y evaluar la realidad hidrogeológica del sector —restricciones, prohibiciones y disponibilidad del acuífero— para saber si el trámite es viable antes de invertir en él. También conectamos la regularización con el resto del ciclo de vida del pozo: construcción, habilitación, pruebas de bombeo y monitoreo.

Cada pozo y cada situación registral es distinta, y esta guía es orientación general, no asesoría legal. Si tienes un pozo por regularizar y el plazo del 6 de abril de 2027 te aprieta, lo más eficiente es partir por un diagnóstico. Escríbenos a través de contacto o revisa nuestro servicio de regularización legal de pozos para ordenar los antecedentes técnicos que la DGA te va a pedir.