CNR (Comisión Nacional de Riego)

La Comisión Nacional de Riego (CNR) es una persona jurídica de derecho público creada por el decreto ley N° 1.172 de 1975, cuyo texto refundido fijó el DFL N° 7 de 1983. Su objeto legal es «asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país», y la propia institución sitúa su creación en septiembre de 1975. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura desde la Ley 19.604 de 1999; antes lo hacía a través del Ministerio de Economía. La dirige un Consejo de Ministros que preside el ministro de Agricultura e integran los de Economía, Hacienda, Obras Públicas, Desarrollo Social y Familia y Medio Ambiente —este último, incorporado por la Ley 21.597 de 2023, que además reemplazó la mención al antiguo Ministerio de Planificación—, y una Dirección Ejecutiva, antes llamada Secretaría Ejecutiva, que ejecuta sus acuerdos. La sigla se presta a confusión en los buscadores: CNR también es el Centro Nacional de Registros de El Salvador y el Consiglio Nazionale delle Ricerche de Italia, sin relación con el riego en Chile.

Sus atribuciones legales, en el artículo 3 del DFL N° 7, son planificar y estudiar proyectos integrales de riego, evaluar los que se le presenten, celebrar convenios y supervigilar y coordinar a los organismos públicos y privados que intervienen en la construcción y explotación de obras de riego. En la práctica eso se traduce en tres líneas de trabajo. La primera es contribuir a la formulación de la política nacional de riego. La segunda es una cartera propia de estudios básicos, proyectos en etapa de preinversión —principalmente embalses y canales— y programas de gestión y capacitación para regantes y sus organizaciones; la Ley 18.450 la faculta además para licitar estudios sobre las fuentes superficiales y subterráneas disponibles para riego, que se hacen en coordinación con la DGA y cuyos ejecutores deben entregarle toda la información generada. La tercera, y la más conocida, es administrar la Ley 18.450 de 1985 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, la bonificación estatal que cofinancia obras de riego de agricultores y organizaciones de usuarios.

La puerta de entrada a esa bonificación es un profesional, no un formulario. La ley exige que los proyectos sean suscritos por personas calificadas, inscritas y habilitadas en el registro público de la CNR —creado por la Ley 20.401 de 2009 como registro de consultores y llamado Registro Público Nacional de Consultores y Constructores desde la Ley 21.597—, en el que la Comisión puede definir especialidades, categorías y niveles de desempeño. Para inscribirse como persona natural, la CNR pide título de ingeniero civil o ingeniero agrónomo, o conocimientos comprobables en diseño, ejecución o administración de obras de riego. El agricultor elige y contrata al consultor en un contrato entre privados, y el costo del estudio puede incluirse en el presupuesto del proyecto bonificado. El listado de consultores vigentes, con sus datos de contacto, se consulta en el sitio de la CNR.

Cada concurso sigue el mismo ciclo. La CNR publica un calendario anual de concursos, separados por tipo de obra (tecnificación, obras civiles, acumulación, drenaje), por tipo de postulante (pequeña agricultura, pueblos originarios, medianos productores, organizaciones de usuarios) y por zona, y para cada uno dicta bases con plazos, recursos disponibles y requisitos. El consultor ingresa el proyecto por el Sistema Electrónico de Postulación hasta la fecha de apertura. Los proyectos admitidos se ordenan por un puntaje que combina variables fijadas por la ley —entre ellas, el aporte que ofrece el agricultor, la superficie de riego nueva o mejorada y el costo— y resultan seleccionados en orden hasta agotar el fondo del concurso. Tras un listado preliminar, contra el que hay 10 días hábiles para reclamar, la CNR resuelve la nómina definitiva y emite a los seleccionados el Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje (CBRD). Desde su emisión corre el plazo de construcción: según el reglamento vigente al 26 de octubre de 2026 (Decreto N° 95 de 2014, que la CNR está reemplazando por uno nuevo), 12 meses si el proyecto cuesta hasta 15.000 UF y 36 meses si cuesta más. Terminada la obra vienen la recepción técnica, la acreditación de las facturas y el pago, que la CNR ordena y la Tesorería General de la República hace por transferencia. Los proyectos no seleccionados pueden volver a postular en concursos posteriores.

Además de los concursos nacionales, la CNR opera el Programa de Pequeña Agricultura, concursos financiados con gobiernos regionales mediante convenios (GORE-CNR) y concursos con la CONADI para personas y comunidades indígenas. También ha abierto llamados temáticos cercanos a los pozos: en 2020 y 2021, concursos de pozos —el 21-2021, de alcance nacional, para construir, rehabilitar o profundizar pozos con derechos inscritos o autorizados en zonas de escasez hídrica, con telemetría opcional—, y en sus calendarios recientes, concursos nacionales de monitoreo de extracciones superficiales y subterráneas, cuya versión 2026 estaba destinada a bonificar, entre otras obras, la instalación de flujómetros y sensores con telemetría en pozos habilitados asociados a un sistema de riego existente. Su oficina central está en Santiago y tiene oficinas regionales o zonales en Arica, Copiapó, La Serena, Quillota, Rancagua, Talca, Chillán, Los Ángeles, Temuco y La Unión.

Conviene distinguirla de los organismos con los que se la confunde. La CNR no otorga derechos de agua ni fiscaliza extracciones: eso corresponde a la DGA, del Ministerio de Obras Públicas, y la propia CNR aclara que no maneja información de derechos de agua a nivel nacional; algunos de sus programas han financiado asesoría para sanear derechos o constituir organizaciones de usuarios, pero quien resuelve es la DGA. Tampoco construye las grandes obras de riego fiscales, que desarrolla la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), también del MOP, aunque la ley permite a la CNR ejercer sus funciones a través de servicios de otros ministerios. Al revés, las obras de riego que se ejecutan con fondos fiscales deben ser evaluadas y aprobadas antes por la CNR (artículo 5 del DFL N° 7), y desde la Ley 21.597 los proyectos en cauces artificiales gestionados o financiados por la CNR los aprueba y recibe técnicamente la propia Comisión, no la DGA (artículo 171 del Código de Aguas). Con INDAP, el servicio del Ministerio de Agricultura para los pequeños productores definidos en su ley orgánica, la relación es de coordinación: la Ley 18.450 obliga a la CNR a asignarle, según las disponibilidades presupuestarias, recursos para prefinanciar la bonificación de esos productores y de las organizaciones de usuarios integradas al menos en un 50 % por ellos y le permite gestionar programas especiales en conjunto.

Para quien riega con un pozo, la CNR importa por dos razones. La primera es el bono: el pozo, su bomba, el tablero eléctrico, la generación —también fotovoltaica— y el sistema de riego pueden formar parte de un proyecto bonificado, con requisitos propios que se detallan en la entrada sobre la Ley 18.450, entre ellos derechos de aprovechamiento inscritos. La segunda es el calendario: el reglamento exige que la perforación, el desarrollo y la prueba de bombeo de un pozo se ejecuten antes de postular, con aviso previo a la CNR, de modo que la obra se planifica hacia atrás desde la fecha de apertura del concurso. Cruzat Ingeniería construye el pozo, ejecuta la prueba de bombeo y provee e instala el equipo de bombeo, también solar: son obras y antecedentes técnicos que el consultor inscrito incorpora al proyecto.