INDAP

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es el servicio público que fomenta a la pequeña agricultura en Chile. Su ley orgánica, la Ley N° 18.910, publicada en el Diario Oficial el 3 de febrero de 1990, lo define como un servicio funcionalmente descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura. El instituto es anterior: la Ley N° 15.020 de Reforma Agraria, publicada el 27 de noviembre de 1962, transformó en INDAP al Consejo de Fomento e Investigaciones Agrícolas. Su objeto legal es promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y de los campesinos (artículo 2), y para ello otorga crédito, asistencia técnica y los subsidios que la ley disponga para fines productivos, obras de desarrollo rural y emergencias (artículo 3). Tiene una dirección regional en cada región y, según la propia institución, más de 100 agencias de área, donde se atiende al agricultor.

El artículo 13 de la Ley 18.910 define a quién atiende. Pequeño productor agrícola es quien explota una superficie no superior a 12 hectáreas de riego básico, con activos que no superan el equivalente a 3.500 unidades de fomento, cuyo ingreso proviene principalmente de la explotación agrícola y que trabaja directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. Campesino es quien habita y trabaja habitualmente en el campo y vive fundamentalmente de la actividad silvoagropecuaria que realiza en forma personal, con condiciones económicas no superiores a las de un pequeño productor. La hectárea de riego básico equivale al potencial productivo de una hectárea regada de clase I del valle del río Maipo. La calidad de usuario se acredita en la agencia de área, que verifica el requisito de activos con la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Hasta el 31 de diciembre de 2026, el artículo 87 de la Ley 21.806 mantiene dentro de la definición, previa declaración jurada simple, a los usuarios que han recibido beneficios y superaron las 3.500 UF a causa de los reavalúos de bienes agrícolas de 2020 y 2024.

La definición importa más allá de INDAP. La Ley 21.435, que reformó el Código de Aguas, da a los pequeños productores agrícolas de la Ley 18.910 hasta el 6 de abril de 2033 para inscribir en el Conservador de Bienes Raíces los derechos de aprovechamiento constituidos que no lo estén, un año más que el plazo general del 6 de abril de 2032; ambas fechas las fijó la Ley 21.841, publicada el 9 de octubre de 2026. El plazo para iniciar ante la DGA la regularización de usos sin título, en cambio, vence para todos el 6 de abril de 2032, salvo para personas y comunidades indígenas. La misma reforma encarga a INDAP velar por la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de sus beneficiarios. Conviene verificar la fecha en cada fuente: al 26 de octubre de 2026, la página «Agua en regla» de INDAP seguía citando el plazo anterior del 6 de abril de 2027.

En agua, la herramienta principal es el Programa de Riego de INDAP. El Programa de Riego y Drenaje Intrapredial (PRI) cofinancia proyectos individuales: riego tecnificado, obras de captación, conducción y acumulación, nuevas fuentes de agua —entre ellas la captación de aguas subterráneas— y dispositivos de monitoreo; si incluye energía renovable, esta debe cubrir al menos el 80 % de la energía en proyectos conectados a la red y el 100 % en los aislados. El Programa de Riego Asociativo (PRA) apoya obras de dos o más usuarios, como organizaciones de usuarios de aguas. El Programa de Obras Menores de Riego (PROMR) atiende problemas que deben resolverse con prontitud e incluye pozos profundos, punteras y norias, bombas, módulos fotovoltaicos y sistemas de medición de extracciones. En los tres, el incentivo llega hasta el 95 % del costo bruto y el saldo lo aporta el usuario, que puede financiarlo con un crédito de INDAP. El instrumento de preinversión cofinancia hasta el 99 % de estudios, incluidos los hidrogeológicos y la formulación de proyectos para la Ley 18.450. Los topes en pesos y los períodos de postulación cambian y los fija cada norma o dirección regional.

Para un pozo, las normas del PRI y del PRA distinguen dos situaciones. Si la captación tiene derechos inscritos, el proyecto puede ser su recuperación, reacondicionamiento, habilitación definitiva, cambio de punto de captación o cambio de equipos como la bomba y el tablero —y, en el PRI, su profundización—, con el caudal inscrito como tope. Si es una captación nueva, perforar, desarrollar y habilitar el pozo hasta la prueba de bombeo se cofinancia solo si se alumbran las aguas y se obtiene el caudal mínimo declarado, con supervisión de INDAP; en el PRA el proyecto queda preaprobado hasta que la prueba de bombeo confirma el caudal garantizado por el contratista. El PROMR, además, exige que las aguas subterráneas estén alumbradas al postular. La tenencia del agua se acredita según la guía legal de INDAP: inscripción del derecho, resolución de la DGA o del SAG o sentencia; también se admiten solicitudes ya ingresadas a la DGA, derechos provisionales y pozos del artículo 56 del Código de Aguas, estos con el dominio del predio, declaración jurada, prueba de bombeo según el manual de la DGA y un caudal de proyecto de hasta 0,5 L/s y 650 m³ al mes. Por regla general, el consultor o la empresa que el usuario contrate para formular o ejecutar debe estar inscrito en el directorio de riego de INDAP, que tiene especialidades de construcción de pozos.

El Bono Legal de Aguas (BLA) es el instrumento de INDAP para tener el agua en regla. Cofinancia hasta el 95 % del costo bruto, con topes por proceso, de la constitución de derechos, la regularización por los artículos 1°, 2° o 5° transitorios del Código de Aguas, el cambio de punto de captación, el perfeccionamiento de títulos, las gestiones judiciales y el apoyo a organizaciones de usuarios; en aguas subterráneas incluye la prueba de bombeo o de agotamiento cuando corresponde. El bono financia la gestión: quien constituye o regulariza el derecho es la DGA. Como en los programas de obras, el consultor que se paga con el bono debe estar inscrito en el directorio de consultores de INDAP. La Comisión Nacional de Riego (CNR) concursa la bonificación de la Ley 18.450, que para los pequeños productores de la Ley 18.910 llega hasta el 95 % del costo del proyecto; esa ley ordena a la CNR asignar a INDAP, según la disponibilidad presupuestaria, recursos para prefinanciar la bonificación de esos productores, e INDAP ofrece un crédito de enlace contra el certificado de bonificación. La DGA administra el recurso y los derechos; la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), del MOP, desarrolla grandes obras hidráulicas como los embalses, y el SAG puede informar a la DGA en la regularización de derechos de predios de la reforma agraria.

Para el dueño de un pozo, el orden práctico es acreditarse como usuario en la agencia de área, revisar la situación legal del agua —INDAP exige acreditar su tenencia— y tener documentado el caudal: las normas y los términos de referencia regionales suelen pedir una prueba de bombeo, aunque en el PROMR, para reponer equipos, basta una prueba de gasto constante de al menos 180 minutos. Quien no califica —un agricultor mediano, una viña o una agroindustria— puede postular a la Ley 18.450 si sus ventas anuales promedio no superan las 50.000 UF; la bonificación máxima baja a medida que suben esos ingresos. Al 26 de octubre de 2026 siguen en primer trámite en la Cámara de Diputados un proyecto del Ejecutivo que modifica la ley orgánica de INDAP (boletín 18.111-01, ingresado el 5 de marzo de 2026) y una moción para actualizar sus definiciones (boletín 16.768-01). Este resumen es informativo: montos, topes y fechas se confirman con INDAP en cada convocatoria. Cruzat Ingeniería construye y habilita pozos profundos, ejecuta pruebas de bombeo y provee equipos de bombeo y sistemas de bombeo solar. En un proyecto cofinanciado por INDAP, el consultor y el contratista deben estar inscritos en el directorio de riego del instituto.