Ley N° 21.435 (reforma del Código de Aguas)

La Ley N° 21.435, que reforma el Código de Aguas (DFL N° 1.122 de 1981), fue publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2022, tras una tramitación que comenzó en marzo de 2011 (boletín 7543-12). En síntesis, cambió cinco cosas: reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable; establece que siempre prevalecen el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto al otorgar como al limitar derechos; hace temporales los derechos de aprovechamiento nuevos, por 30 años prorrogables; agrega causales de extinción por no uso y de caducidad por no inscripción, y abre una ventana con plazo para inscribir y regularizar derechos.

Para los derechos constituidos desde la reforma, el nuevo artículo 6 del Código define el derecho de aprovechamiento como el uso y goce temporal de las aguas. Dura 30 años —o menos, si la DGA lo justifica por resolución fundada— y se prorroga por el solo ministerio de la ley en la parte efectivamente utilizada, salvo que la DGA acredite el no uso efectivo del recurso o una afectación a la sustentabilidad de la fuente. Según el artículo 6 bis, el derecho nuevo que no se usa se extingue a los cinco años si es consuntivo y a los diez si es no consuntivo, contados desde que aparece por primera vez en el listado de patentes por no uso. La ley además define el uso doméstico de subsistencia, limita los pozos del artículo 56 a ese uso y a un volumen por cuenca que fija la DGA, y permite al Estado constituir reservas de aguas para la subsistencia y la preservación ecosistémica.

Los derechos reconocidos o constituidos antes del 6 de abril de 2022 siguen vigentes y no quedan sujetos al plazo de 30 años, pero enfrentan dos riesgos nuevos. El primero es la caducidad por no inscripción: un derecho constituido por acto de autoridad que no esté inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces caduca por el solo ministerio de la ley si no se inscribe dentro de plazo, salvo las excepciones que fija la propia ley (entre ellas, los servicios sanitarios rurales, las comunidades agrícolas y las personas y comunidades indígenas); quien sí está inscrito, pero no figura en el Catastro Público de Aguas, debe acreditarlo ante la DGA en ese mismo plazo, bajo multa de segundo grado (51 a 100 UTM), que no se aplica si el propio Conservador ya informó la inscripción a la DGA. El segundo es la extinción por falta de obras: el titular de un derecho consuntivo anterior a la reforma que, cumplidos cinco años desde la publicación de la ley, no haya construido las obras de captación queda afecto, previo procedimiento de la DGA, a la extinción de la parte no utilizada. En aguas subterráneas, la ley entiende por obras de captación las bombas de extracción, las instalaciones mecánicas y eléctricas y las tuberías, entre otras.

Los plazos se han movido por ley más de una vez. El de inscripción en el Conservador vencía originalmente el 6 de octubre de 2023 (el 6 de abril de 2027 para pequeños productores agrícolas); la Ley 21.586 lo llevó al 6 de abril de 2025 y la Ley 21.727, al 6 de abril de 2027. Esa misma fecha es la que fija la Ley 21.435 para iniciar la regularización de usos consuetudinarios del artículo 2° transitorio del Código, que formaliza ante la DGA un uso de hecho sin título, y para anotar al margen de la inscripción conservatoria el comprobante del Catastro Público de Aguas, sin el cual el Conservador no inscribirá transferencias del derecho. El 8 de septiembre de 2026 el Congreso despachó al Presidente de la República un proyecto (boletines 18.157-33 y 18.237-33) que extiende la regularización, la inscripción y la anotación marginal hasta el 6 de abril de 2032, y la inscripción de los pequeños productores agrícolas hasta el 6 de abril de 2033. Al 5 de octubre de 2026 no ha sido promulgado ni publicado, y aún puede recibir observaciones del Presidente: mientras no se publique en el Diario Oficial, rige el 6 de abril de 2027.

Para el dueño de un pozo, la reforma se traduce en una revisión concreta: verificar en el Catastro Público de Aguas y en el Conservador que el derecho está inscrito, registrado y con la anotación marginal al día; si el pozo opera sin título, evaluar la regularización y presentarla dentro de plazo, considerando que el procedimiento ante la DGA toma meses; confirmar que existen obras de captación aptas y que el derecho se usa, porque el hito de cinco años para los derechos antiguos no forma parte del proyecto de prórroga, y, si el pozo está en un área de restricción o zona de prohibición, cumplir el monitoreo de extracciones efectivas que exigen el artículo 67 reformado y la Resolución DGA 1238. Este resumen es informativo y no constituye asesoría legal. Cruzat Ingeniería acompaña la regularización, la prueba de bombeo del expediente, la habilitación del equipo de bombeo y el monitoreo a través de su servicio de regularización legal.